La Asociación Agua para La Palma acusa al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas (CIALP) de “renunciar a la soberanía hidrológica” de la isla al promover la instalación de plantas desaladoras pese a que existen recursos hídricos subterráneos suficientes para cubrir la demanda.
En un comunicado, el colectivo ciudadano sostiene que la planificación hidrológica insular refleja que La Palma dispone anualmente de un volumen de agua subterránea que cuadruplica el consumo de la isla, por lo que considera injustificada la construcción de nuevas infraestructuras de desalación.