La Asociación Tierra Bonita, que mantiene un litigio judicial contra el Gobierno canario para reclamar la difusión de las actas y grabaciones del Plan de Emergencias (PEVOLCA) anteriores a la erupción de 2021, también defiende que la máxima transparencia se aplique a las ayudas concedidas desde 2024 a las personas físicas afectadas por esta catástrofe.
Este colectivo ciudadano no comparte la decisión de mantener oculta la identidad de los cientos de beneficiarios de las llamadas «compensaciones» económicas por el valor de lo perdido en la catástrofe. El asunto se encuentra ahora judicializado, después de que el Gobierno canario recurriera el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para que esta información sea pública.