Un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluye que el Gobierno de Canarias “no parece tener fundamento jurídico” para ocultar a la diputada socialista Alicia Vanoostende la identidad de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma, que hasta febrero ascendían a 340 millones de euros.
La decisión del Ejecutivo ha soliviantado a la oposición y ha dividido a expertos en transparencia. Su negativa a facilitar esa misma información a la ciudadanía ha llegado también a los tribunales, aunque no se espera una resolución hasta abril del próximo año.