El Gobierno de Canarias ha cerrado el acuerdo extrajudicial que negociaba desde el año pasado con las empresas del sector turístico para liquidar definitivamente el contencioso derivado de la moratoria. El pacto fija una compensación global de 485 millones de euros para el conjunto de las promotoras afectadas y elimina la obligación de catalogar como rústicas las parcelas urbanas afectadas durante el plazo de cinco años estipulado en la controvertida normativa.
El gran beneficiado de este marco transaccional es el Grupo Lopesan, que recibe 300 millones de euros debido al elevado número de proyectos que tiene frenados en Fuerteventura y el sur de Gran Canaria, especialmente en Meloneras. Las fuentes consultadas confirman que el dinero ha sido transferido este martes.